Es alarmante para varias organizaciones ambientalistas que entre las 664 modificaciones que la ley ómnibus propone, existan varios artículos encaminados a diluir y desregular la legislación que protege la naturaleza. A poco más de un mes de que el nuevo gobierno se ratificara como firmante del Acuerdo de París en Dubai, sembró preocupación en el sector ambientalista. En una carta pública, más de 100 organizaciones catalogaron como “regresiva” la propuesta del oficialismo, pidieron rechazar varios de sus aspectos y reclamaron la conformación de comisiones especializadas para tratar la iniciativa.
Buscan hacer llegar su advertencia a los diferentes bloques del Congreso y ya han logrado algunas victorias. “Parece que queremos quitar al Estado de un rol central que es el control y fiscalización de los temas ambientales, algo que no puede quedar en manos de privados”, planteó a LA NACION Manuel Jaramillo, director ejecutivo de Vida Silvestre, una de las organizaciones firmantes de la carta. Otras entidades convocaron a toda la sociedad civil a firmar una petición para impedir que avancen las reformas. Originalmente, la ley ómnibus pretendía modificar cuatro normas ambientales: la ley de bosques (26.331), la ley de protección ambiental para control de actividades de quema (26.562), la ley de glaciares (26.639) y la ley federal de pesca (24.922). Además, el paquete incluye un capítulo de “transición energética”, con el objetivo de sentar bases mínimas para desarrollar mercados de carbono en el país. Pero, poco después de su publicación y de que diferentes grupos de gobernadores, diputados y activistas hicieran pública su disconformidad, el ala dialoguista del oficialismo prometió cambios. Tanto el ministro del Interior, Guillermo Francos, como la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, reconocieron la semana pasada que hubo desaciertos. “Fue un error de interpretación, evidentemente el equipo encargado de redactar el documento se equivocó en algunos puntos”, admitió Lamas en diálogo con LA NACION.
Habrá marcha atrás en algunos aspectos vinculados con pesca, bosques nativos y control de quemas, según declaraciones de ambos funcionarios. El resto de los artículos permanecen intactos, y se espera que se discutan durante las sesiones extraordinarias que terminarían el 31 de enero. En las últimas horas, una comisión que representa a las organizaciones ambientalistas se reunió con Lamas para plantear su postura y buscar consensos. Allí, las entidades reiteraron su preocupación y propusieron postergar el tratamiento de los temas ambientales fuera del paquete de la ley ómnibus, en sesiones ordinarias. Según las organizaciones, no solo existen riesgos ambientales que pueden afectar a mediano y largo plazo al país, sino que también se pueden debilitar diversos acuerdos internacionales de los que la Argentina forma parte. “Todas las reformas violan el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú [abocado al acceso a la justicia en asuntos ambientales].
Además, hay varios puntos que son contradictorios con la propia ley general del ambiente”, denuncia José Esain, abogado de Aves Argentinas, y asegura que estas reformas podrían afectar la visión que el mundo tiene de la Argentina en materia ambiental y de derechos humanos. Y esta imagen no es menor para el Gobierno: los mercados internacionales pretenden cada vez más consideraciones de protección ambiental, justicia y responsabilidad climática. "Si vas dejando de lado estos mercados exigentes que están vinculados al primer mundo, se van a quedar con los que menos busca el Presidente", opinó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas. Esto es algo que no se le escapa a la subsecretaria de Ambiente. “No se vio cuando se escribió la ley, pero puede impedir muchas exportaciones como las de cuero, ganado y pesca”, reconoció. A pesar de este desconcertante comienzo, Lamas afirmó en la Cámara de Diputados que buscará consensos sobre los puntos más polémicos en materia ambiental. Sin embargo, para las organizaciones es necesario asegurarse de que su voz sea escuchada, lo que significa profundizar el debate. Una manera de hacerlo es dimensionar qué pasaría en nuestro país si se avanza con el espíritu del proyecto de Milei.