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Agustina Ojeda
La deforestación no es un accidente ni una consecuencia inevitable del crecimiento. Es el resultado previsible de un sistema que premia la destrucción sobre la conservación. En el Chaco de hoy, el bosque en pie vale menos que el bosque desmontado.
La hectárea de monte nativo se subvalúa de manera crónica frente a la tierra agrícola habilitada, cuyo precio puede multiplicarse en meses tras el desmonte. Las multas existen, pero rara vez disuaden: se incorporan como un costo operativo tolerable. Mientras ese diferencial persista, ninguna norma logrará contener el avance de las topadoras. Pero hay algo aún más incómodo: este modelo tampoco mejora la vida de la gente.
El Impenetrable sigue siendo una de las regiones con mayores niveles de pobreza estructural del país. La riqueza generada por la transformación del territorio no queda en el territorio. Se concentra, se fuga y deja atrás un paisaje degradado y una sociedad más vulnerable. La región chaqueña es un ejemplo elocuente de que la deforestación no es garantía de mejora en la calidad de vida.
Sería ingenuo ignorar la realidad desesperante del norte argentino. El diseño fiscal del federalismo empuja a provincias pobres a financiar su supervivencia consumiendo su propio capital natural, no por irresponsabilidad ambiental, sino porque el sistema las coloca ante una disyuntiva insoluble: conservar los bosques o pagar los sueldos.
En este contexto, los cambios que se discuten sobre la Ley de Bosques Nativos resultan especialmente preocupantes
Esa trampa no se resuelve con más controles si no se resuelve antes con más equidad fiscal y con mecanismos reales de compensación. El bosque chaqueño regula el agua, captura el carbono que todos emitimos y alberga la biodiversidad que el mundo valora. Esos servicios tienen un precio. Hasta ahora, quienes los proveen no lo cobran.
En este contexto, los cambios que se discuten sobre la Ley de Bosques Nativos resultan especialmente preocupantes. No buscan corregir las deficiencias de su aplicación, sino flexibilizar sus mecanismos centrales y reducir las exigencias de control ambiental. Es una decisión política con consecuencias generacionales.
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