La reciente eliminación del fondo fiduciario establecido por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos en Argentina nos genera una enorme preocupación y representa un revés para la conservación de estos ecosistemas fundamentales. Este fondo proveía recursos críticos para la implementación efectiva de la ley, financiando actividades clave como el ordenamiento territorial, el control y monitoreo, y el apoyo a comunidades y propietarios. Su desaparición deja en serio riesgo la capacidad del Estado para proteger los cada vez más amenazados bosques nativos del país.
Resulta insoslayable que más allá del impacto positivo que esta ley ha tenido en reducir la deforestación desde su creación, la implementación ha sido muy deficiente en muchos aspectos. Desde equivocadas asignaciones de partidas presupuestarias, ordenamientos territoriales desactualizados, propiciando la asignación de fondos a territorio ya deforestado, recursos utilizados por provincias en cuestiones completamente ajenas a la referida ley, etc., son parte de un universo administrativo que requeriría una puesta en orden.
Sin embargo, la Ley de Bosques Nativos, sancionada en 2007, fue un importante avance en materia de política ambiental en Argentina. Establecía un marco regulatorio para la conservación de estos ecosistemas, que cubren aproximadamente el 10% del territorio nacional y albergan una invaluable biodiversidad. Uno de los pilares fundamentales de esta ley era, justamente, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos.
Este fondo, financiado mediante diversas contribuciones y partidas, como el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, proveía los recursos necesarios para que las provincias pudieran implementar efectivamente la ley. Permitía financiar el ordenamiento territorial de los bosques, las tareas de control y monitoreo, y brindar apoyo económico a pequeños productores y comunidades que dependen de estos ecosistemas.
Lamentablemente, en el contexto de la actual crisis económica y fiscal, el Gobierno Nacional decidió eliminar este fondo fiduciario a través de la Ley de Presupuesto 2023. Esta medida representa un claro retroceso en materia de protección ambiental, poniendo en riesgo décadas de esfuerzos por conservar los bosques nativos, cuando en realidad, habría que sentarse a reordenar los procesos y fortalecerlos.
Sin el financiamiento que proveía el fondo, es altamente probable que se produzca un incremento acelerado de la deforestación ilegal y la degradación de estos ecosistemas. Las provincias verán seriamente limitada su capacidad para llevar a cabo tareas de control, monitoreo y apoyo a comunidades. Esto podría revertir los avances logrados en cuanto a la disminución de la pérdida de bosques en los últimos años.
La eliminación del fondo fiduciario de la Ley de Bosques Nativos es una medida desafortunada y peligrosa que compromete gravemente la conservación de estos ecosistemas cruciales para la biodiversidad, el clima y las comunidades que dependen de ellos. Es imperativo que el Gobierno Nacional reconsidere esta decisión y restablezca este mecanismo de financiamiento, demostrando un verdadero compromiso con la protección ambiental a largo plazo. Dirección hacia la que el mundo entero se dirige.
Créditos fotográficos: Álvaro Rocha y Belén Rhode