La Argentina necesita más transparencia en la relación entre el poder público y los intereses privados. Regular el lobby corporativo, los conflictos de interés y las gestiones opacas ante funcionarios es una demanda legítima y necesaria. Pero una ley de transparencia mal diseñada puede terminar produciendo el efecto contrario: desalentar la participación ciudadana, debilitar a las organizaciones de la sociedad civil y convertir en sospechosa la defensa del interés público.
El proyecto de ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, también conocida como Ley de Lobby, enviado por el Poder Ejecutivo plantea una preocupación central: su redacción es tan amplia que podría equiparar la defensa de la naturaleza con una actividad de lobby. Preocupa que asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro puedan quedar sometidas a obligaciones, registros, sanciones e incluso riesgos penales por ejercer una función que la propia Constitución Nacional reconoce y promueve: la defensa del ambiente.
No es razonable colocar en la misma categoría a una empresa que busca obtener un beneficio regulatorio, fiscal o contractual, y a una organización sin fines de lucro que propone proteger un bosque nativo, crear un parque nacional o evitar la extinción de una especie. La ley debería distinguir con claridad entre la gestión de intereses privados y la participación de organizaciones de bien público.
Estamos a favor de una ley de transparencia. Pero la transparencia no puede convertirse en una herramienta que limite el diálogo democrático. Transparencia, sí. Control democrático, también. Pero nunca a costa de criminalizar la participación ciudadana ni de confundir el lobby de intereses privados con la defensa del bien común.
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