Posición Institucional de Aves Argentinas
El día 19 de agosto del 2021 la Legislatura Porteña dió aprobación inicial a un proyecto de ley que aprueba un Convenio suscripto con un desarrollador privado (IRSA), propietario del predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. El proyecto, asimismo, sustituye las restricciones urbanísticas actualmente vigentes del Código Urbanístico por otras -hechas a medida del emprendimiento-, lo que le permitiría a la empresa llevar adelante un mega proyecto inmobiliario que prevé la construcción de edificios de hasta 145 metros de altura (en lugar de los 12 metros del código vigente), ampliar las superficie edificable del 30 al 50%, y aumentar los metros cuadrados que se pueden construir hasta 895.225 m2, para el desarrollo de un complejo denominado “Parque Público y Urbanización Costa Urbana”.
Como contraprestación por el cambio de zonificación y el incremento del valor de la tierra como consecuencia de esta excepción, IRSA acuerda destinar un porcentaje de los predios costeros como espacio público, parquizarlos y transferir tres “futuras parcelas” -por ahora indefinidas- , dinero y bonos al gobierno de la Ciudad.
El terreno es contiguo a la Reserva Ecológica Costanera Sur (RECS), con el que comparte una similar unidad ambiental, dejando la suerte de los espejos de agua y el humedal que contiene explícitamente en manos de IRSA, habilitando la “apertura y construcción o readecuación de sistemas de canales y espejos de agua de uso público”, configurando seguramente un futuro acceso a la urbanización desde el río, la apertura de nuevos accesos para embarcaciones, incluyendo una posible readecuación del canal sudeste de la RECS para tal fin, y la construcción de protecciones para la ribera, “urbanizando” (vale decir eliminando) uno de los escasos relictos del humedal costero que persisten en nuestra ciudad, con pastizales, bañados y canales de marea preexistentes, dándole una vez más la espalda al río con nuevos rellenos sobre la costa, tal como lo preveía un proyecto de ley anterior, del año 2012, que contemplaba amarras y el uso de los espejos de agua por embarcaciones.
El proyecto, conforme lo establecido en los artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está sujeto a un procedimiento de doble lectura, lo que implica la aprobación inicial por la Legislatura, convocatoria a audiencia pública y resolución definitiva por la misma Legislatura. La Audiencia Pública, que comenzó el 15 de octubre pasado, continúa en desarrollo en tanto hubo miles de inscripciones de instituciones y ciudadanos porteños que se expresan rotundamente en contra de esta iniciativa, con variada fundamentación de índole urbanística, social, ambiental y jurídica.
En este contexto, Aves Argentinas expresará en la misma su decidido rechazo a la aprobación del Convenio en segunda lectura y el consecuente proyecto urbanístico. Sorprende que en estos tiempos, caracterizados por la creciente demanda de espacios verdes y rechazo a las barreras urbanas que impiden el disfrute del Río -que la presente Pandemia COVID-19 no ha hecho más que otorgarle mayor relevancia- el Gobierno de la Ciudad vuelva a darle la espalda al río, a través de desarrollos urbanísticos que atrasan.
Con 105 años de historia, Aves Argentinas es la más antigua organización nacional de conservación de la naturaleza, y desde hace décadas promueve ante los gobiernos municipales ribereños la recuperación del paisaje costero de nuestro Río de la Plata, permitiendo su acceso público, libre y gratuito.
Como tal, junto a instituciones hermanas como la Fundación Vida Silvestre y Amigos de la Tierra, fue activa promotora y partícipe de la lucha por la creación de la RECS, reconocida desde 2005 como Humedal de Importancia Internacional por la Convención de Ramsar y que, a la fecha es la segunda área natural protegida más visitada de nuestro país, lo que revela la necesidad de nuestra comunidad por más espacios verdes, de acceso público y gratuito para el relacionamiento con nuestro río y su naturaleza, sujetos permanentes de toda clase de agresiones que, como el proyecto urbanístico al que nos oponemos, lejos de promover el bienestar general, atrasan.
Es preciso recordar que la RECS fue, en su origen, uno de estos proyectos: un relleno -afortunadamente interrumpido- con vistas a desarrollar una ciudad administrativa “satélite”, y en donde la naturaleza reconstruyó el paisaje y la biota ribereña, visitada hoy por más de 1.200.000 usuarios anuales.
Cuesta creer que en plena crisis ambiental y climática, en momentos en que los líderes mundiales se reunirán a partir del próximo 31 de octubre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26, Glasgow, Escocia) el Gobierno de la Ciudad persista en este tipo de proyectos, claramente en detrimento de la biodiversidad de la ciudad, amenazando uno de sus últimos humedales que, como tal, es proveedor de diversos servicios ecosistémicos que impactan favorablemente en el bienestar público y propulsando una verdadera “pared” de 145 metros de altura que afectará gravemente el corredor biológico del que forman parte y amenaza con consecuencias no previstas y mucho menos evaluadas sobre la Reserva Ecológica contigua. Como colofón, la iniciativa colisiona con los Artículos 26, 27 y 29 de la Constitución de la Ciudad, incumple los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el cumplimiento de la agenda 2030, del que la Ciudad Autónoma es signataria y viola el Acuerdo Regional adoptado en Escazú, Costa Rica, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Derecho a la Justicia en Asuntos Ambientales, recientemente ratificado por nuestro país mediante la Ley Nº 27.566.
Hacemos votos para que los representantes de la ciudad, escuchen las opiniones vertidas en la Audiencia Pública, y rechacen el proyecto en segunda lectura.
Foto: Mayra Caballero